Triste comparativa entre países ante el auge de los robos en el sector de residuos

operation-alloy-officersLos robos se han disparado en toda España desde el inicio de la crisis. A los hurtos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que ya adelantamos, se suman también los casos de robos de cable de cobre y otros metales. Concretamente, se calcula que desde 2006 hasta 2012 las sustracciones de este material y de otros metales han crecido un 50% debido, fundamentalmente, a que el producto está bien pagado en el mercado negro y es de fácil blanqueo.

Ante esta misma situación, el diario británico Manchester Gazette publicaba hace unas semanas que gracias a un plan conjunto  entre la policía local y la policía británica de transporte han organizado una operación de inteligencia a lo largo de dos años que ha terminado con la detención de 20 personas que comercializaban material robado. La policía inspeccionó instalaciones de recuperación de residuos tratando de detectar aquellas que receptaban el material robado.

Al  margen de este hecho aislado, lo más significativo de esta operación, lanzada originalmente en agosto de 2011, es que ha conseguido reducir los robos de la región de los 900 incidentes por mes a los 200. Uno de los responsables de la operación subrayaba en el diario de la región la importancia de detectar estas prácticas ilegales: “Sabemos que empresas han tenido que abonar cientos de miles de libras para pagar reparaciones como consecuencia directa de los ladrones de metales. El efecto dominó es que ponen en peligro los puestos de trabajo de las empresas que tienen que asumir las reparaciones, por lo que no se debe subestimar el coste humano de lo que están haciendo estos distribuidores de metal”.

El contraste entre la responsabilidad y las medidas adoptadas por un país y por otro son evidentes y preocupantes en el caso de España, donde la falta de control por parte de los poderes públicos ha potenciado el desarrollo de malas prácticas tanto por empresas autorizadas como sin autorización que gestionan los residuos de forma incorrecta y sin control.

En ASEGRE consideramos necesario que las labores de inspección y control de las Administraciones hagan aflorar las actividades ilegales, dedicando para ello esfuerzos, medios y coordinación. Las inspecciones deben realizarse de forma exhaustiva para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de recuperación, reciclaje, reutilización y valorización de residuos, de forma que esta actividad minimice el impacto en el medio ambiente y en la salud pública y se generen además puestos de trabajo.