Gran parte de los grupos de interés que siguen los soportes de comunicación de nuestra asociación saben que llevamos años denunciando la dramática situación de la gestión de residuos industriales en nuestro país. Las palabras y los hechos por parte de nuestras Administraciones hace tiempo que no confluyen en una misma dirección y lo acaecido en este mes de julio es tal vez la prueba más palpable de la realidad actual.
Por un lado, nos encontramos un discurso muy ligado a los mensajes provenientes de Bruselas, que nos hablan de reindustrializar el 
continente a través del reciclaje y la apuesta por una nueva economía circular que provea de nuevos empleos verdes. Todos los cargos públicos españoles relacionados con el medio ambiente enarbolan su discurso en torno a estos mensajes y los trasladan a los distintos agentes del sector medioambiental en todos los foros y encuentros en los que participamos.
De esta forma, el nuevo mensaje que escucharemos será el relacionado con las nuevas propuestas que la Comisión Europea ha adoptado este mes para lograr una economía más circular y potenciar el reciclado en los Estados miembros, lo que permitiría crear 580.000 nuevos puestos de trabajo y una Europa más competitiva, así como la reducción de la demanda de recursos caros y escasos. Estos planes demandan un reciclado del 70% de los residuos municipales de aquí a 2030, así como la prohibición de depositar residuos reciclables en vertederos a partir de 2025. Todas estas propuestas se examinarán ahora en el Consejo y el Parlamento Europeo y conllevarán revisiones y modificaciones que afectarán a la Directiva marco sobre los residuos, la Directiva sobre el vertido de residuos y la Directiva sobre los envases y residuos de envases.
Sin embargo, en nuestro país los hechos son bien distintos y muestran el desfase con el que tendremos que abordar los objetivo descritos en el párrafo anterior. La falta de rigor en la aplicación de la legislación medioambiental vigente por parte de nuestras Administraciones es una realidad y acaba de tener consecuencias graves hace un par de semanas. La Comisión Europea se ha cansado de que sus advertencias cayeran en saco roto y ha tomado la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia por no haber cumplido la Directiva relativa al vertido de residuos. Esta Directiva obligaba a que los vertederos que estaban en funcionamiento en 2001, y que no cumplían las normativas de la UE, debían cesar sus actividades en 2009. Cinco años después de expirar ese plazo, en España siguen operando 28 vertederos que infringen esta normativa. Este incumplimiento se puede traducir ahora en una cuantiosa multa.
Este post es, por tanto, la crónica de una denuncia anunciada. Nuestra asociación hace tiempo que advierte que las sanciones llegarían más tarde o más temprano. La falta de coordinación y de una política homogénea en la gestión de los residuos nos ha llevado a esta situación. Ya no basta con recordar que las CCAA son las Administraciones competentes en la materia, ya que será España en su conjunto quien pague las consecuencias, tanto desde un punto de vista económico como de salud y del entorno.