El Gobierno de España aprobó este verano el real decreto que regula el acceso al “Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto”, creado para garantizar indemnizaciones a las personas afectadas por enfermedades derivadas de la exposición a este peligroso material. Y desde el 18 de septiembre ha entrado en vigor. Esta medida desarrolla la ley aprobada en 2022, que estableció el fondo, pero que hasta ahora carecía de regulación detallada sobre los procedimientos, los plazos y las cuantías de las compensaciones, que buscan ofrecer un resarcimiento económico frente a los daños ocasionados por la exposición a este material, que tuvo un uso generalizado en España, especialmente en el sector de la construcción, durante las décadas de 1970 y 1980.
Sin embargo, los problemas relacionados con el amianto no han finalizado porque es un residuo peligroso que debe ser encapsulado y confinado por los gestores en depósitos autorizados para evitar su dispersión. Y es que, la liberación de fibras de amianto en edificios o emplazamientos ya sea durante trabajos de renovación, rehabilitación o en procesos de demolición, puede generar graves riesgos para la salud de los trabajadores que manipulan estos materiales. Además, pueden representar un peligro para la salud pública de las personas que habitan o utilizan dichos edificios y emplazamientos.
Aunque en España su uso está prohibido desde el año 2001, existen todavía importantes retos para cumplir con su retirada total. Según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, los ayuntamientos debían haber completado, para abril de 2023, los censos municipales de instalaciones y emplazamientos con amianto. Sin embargo, este proceso ha sufrido retrasos y la realización de dichos inventarios presenta dificultades importantes, sobre todo para identificar el amianto que no es visible a simple vista, como aislamientos, tuberías o recubrimientos.
La gestión de este residuo peligroso es fundamental para proteger la salud pública, pero su retirada total requeriría de un plan estatal integral que contemple todas las fases del proceso y que incluya incentivos económicos que faciliten su ejecución. De no abordarse de manera coordinada, existe el riesgo de que se incremente el vertido ilegal de amianto en las cercanías de los núcleos urbanos.
Desde ASEGRE vamos a continuar ofreciendo a los poderes públicos nuestra total colaboración para poder poner en marcha estos planes de forma que se pueda retirar este residuo de manera definitiva.