La Comisión Europea presentará en el tercer trimestre de 2026 su futura Ley de Economía Circular (Circular Economy Act, CEA). Así lo muestra un análisis elaborado por el European Parliamentary Research Service (EPRS) del Parlamento Europeo, que anticipa los principales ejes del texto en preparación y el debate político que lo rodea.
Esta nueva norma nace en un contexto de vulnerabilidad estratégica, ya que la Unión Europea importa prácticamente el 100% de elementos críticos como las tierras raras y las tasas de reciclaje de materiales estratégicos como el litio permanecen por debajo del 1%. Al mismo tiempo, la huella material europea se sitúa en torno a 14 toneladas por habitante al año, muy por encima de la media mundial. Esto significa que cada ciudadano europeo, de forma indirecta, genera la extracción de esas toneladas de recursos naturales anualmente.
De ahí que la Comisión quiera convertir la economía circular en una herramienta de competitividad industrial y seguridad de suministro. Actualmente, la tasa de uso circular de materiales en la UE alcanza el 12%, con un objetivo declarado de duplicarla en 2030. Por otro lado, la generación de residuos es elevada. En 2022 se produjeron 5 toneladas de residuos por persona, de los cuales el 41% se recicló y el 30% terminó en vertedero. Asimismo, la generación de residuos peligrosos aumentó un 31 % respecto a 2010.
En 2023, la UE registró un déficit comercial de 29.000 millones de euros en materias primas, mientras que en 2024 exportó 36 millones de toneladas de materiales reciclables e importó 47 millones de toneladas. Por eso, uno de los ejes centrales del futuro texto será la creación de un verdadero mercado único para materias primas secundarias. Todo un reto, ya que el informe del EPRS subraya que la fragmentación normativa que se genera a nivel nacional genera inseguridad jurídica y frena el comercio transfronterizo de materiales reciclados.
Esto llevará a la Comisión a revisar la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de Vertederos y la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), además de introducir medidas adicionales para armonizar criterios de “fin de condición de residuo”, así como aumentar la calidad y la demanda de materiales reciclados. Unos materiales que siguen siendo más caros que los vírgenes en muchos sectores. Cerrar esta brecha de precio es una condición clave para que la economía circular sea viable a escala industrial.
El EPRS considera que, con una economía cada vez más tensionada por la volatilidad de los mercados globales, la futura Ley de Economía Circular se presenta como un instrumento para reforzar la autonomía estratégica, mejorar la resiliencia industrial y avanzar hacia un modelo menos dependiente de recursos externos. De hecho, el documento muestra que la discusión gira ahora en torno a si la futura ley debe incluir objetivos vinculantes de reducción del consumo de recursos, además de metas de eficiencia.
ASEGRE considera que esta futura norma europea abre un escenario de especial relevancia. La armonización de criterios, la consolidación de un mercado único de materias primas secundarias y el refuerzo de la trazabilidad pueden contribuir a dotar al sector de mayor seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.