Christophe Mallet ha sido nombrado presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE) en la última Asamblea General de esta organización. También se ha aprobado la renovación de Guillermo O’Shea como vicepresidente de ASEGRE, a su vez vicepresidente de Indumetal Recycling, con una larga experiencia en el sector de los metales no férricos.
Mallet ha trabajado durante más de 20 años en el grupo de medio ambiente francés Suez Environnement, donde ha desarrollado negocios de tratamiento de aguas y residuos a nivel internacional, en Europa y Sudamérica. Actualmente es director general de Ecocat. Es licenciado en Dirección de Empresas por el IESEG Business School de Francia y Máster en Economía por la Universidad de Lille.
Ante su nueva posición, Mallet ha expuesto los planes que ASEGRE se marca para este año, todos ellos con el objetivo de mejorar la situación en la que se encuentra el sector de tratamiento de residuos especiales y de recuperación de suelos contaminados. La prioridad es una política común en materia de residuos para todo el territorio nacional. De esta forma se evitará la disparidad legislativa entre diferentes Comunidades Autónomas y la demora en la implantación de las normativas aprobadas a nivel europeo y nacional.
El descenso de la actividad industrial en los últimos años, unido a la gestión incorrecta de los residuos por una falta de control, ha provocado una pérdida de aproximadamente un 40% del volumen de negocio de las empresas autorizadas para la gestión de estos residuos entre 2008 y 2011. Para revertir este panorama, desde ASEGRE incidirán en la necesidad de que la Administración Pública promueva, controle y gestione el cumplimiento riguroso de la legislación medioambiental.
Además, se trabajará para que las administraciones no sigan promoviendo la creación de nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos. Las empresas del sector cuentan con una importante sobrecapacidad para gestionar todos los residuos que se generan en España, por lo que resulta muy dañino que los poderes públicos se conviertan en competencia con infraestructuras de dudosa rentabilidad en un momento de crisis y recortes.