En su último número, la revista Ser Responsable publica un artículo sobre la irresponsabilidad ambiental en España, firmado por nuestro secretario general, Luis Palomino:
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Durante la última década, hemos vivido una eclosión de nuevos conceptos y modelos de gestión empresarial vinculados a la Responsabilidad Social Corporativa. Uno de los pilares fundamentales de la RSC es, indudablemente, la mejora ambiental como un valor añadido para las empresas, propugnando ir más allá del mero cumplimiento de las leyes y la normativa vigente.
En España, este marco teórico resulta, en muchos casos, decepcionante cuando observamos su aplicación práctica. Los temas medioambientales siguen sin tratarse con suficiente responsabilidad. Desgraciadamente, este escenario ha empeorado tras la crisis económica. La relajación en el cumplimiento de la legislación medioambiental está aumentando. Y en el caso de la gestión de los residuos puede tener consecuencias muy negativas para nuestro entorno.
Los poderes públicos son quienes deben hacer cumplir la legislación. En el caso de los temas medioambientales es un auténtico reto para un país que está sufriendo severamente la crisis. Las competencias en materia de medio ambiente recaen sobre unas Comunidades Autónomas obligadas a hacer recortes en todos los frentes. Esto hace que no tengan recursos suficientes para controlar y gestionar estas políticas.
Esto está ocasionando que la legislación no se cumpla estrictamente y corremos el peligro de que se apele cada vez más a la búsqueda de competitividad para que este incumplimiento se convierta en sistémico. En paralelo, la Unión Europea sigue exigiendo a los Estados miembros un cumplimiento mayor de esta legislación. Según sus estimaciones, si se cumpliesen las leyes vigentes en materia de residuos, el sector podría generar 400.000 puestos de trabajo en todo el continente antes de 2020. Estos datos demuestran que se puede generar un sector fuerte y próspero en torno al medio ambiente, pero para conseguirlo el primer paso es cumplir con la legislación vigente.
Los gestores de residuos peligrosos nos encontramos cada día un tratamiento indebido de estos materiales, que acaban en vertederos convencionales, sin autorización para gestionar estos residuos. También se está generando un sector paralelo e ilegal que se deshace de los residuos sin un tratamiento adecuado. Por ejemplo, ya es de conocimiento público que aparatos electrónicos de uso diario (móviles, ordenadores, televisiones, etc.), que contienen productos químicos peligrosos, acaban en países como Ghana y China mediante exportaciones ilegales.
Podemos señalar a los poderes públicos como los culpables de esta situación por no destinar los recursos necesarios para inspección y cumplimento de la legislación. También por promover instalaciones mientras la actividad industrial caía, cuando ya hay un sector en España con capacidad suficiente para gestionar los residuos que generamos. Estas inversiones en infraestructuras del sector público se podrían haber destinado a un mejor cumplimiento de la legislación.
Sin embargo, no sería justo culpar únicamente a las administraciones. Si realmente creemos en la estrategia que promueve la RSC, las empresas deberían superar ellas mismas lo que la legislación les exige. Esta conducta responsable ahorraría muchos costes a las administraciones en un momento muy delicado de reducción de déficit.
Desde asociaciones como la nuestra, seguiremos defendiendo todos estos principios para que también acabemos teniendo una política común de gestión de los residuos que evite la actual disparidad legislativa entre Comunidades Autónomas. Estamos convencidos que eso acarreará una mejora en nuestro entorno, evitará sanciones de Bruselas y puede contribuir a que se genere una industria basada en auténticos empleos verdes.