Ayer se publicó en el BOE la Ley 16/2013, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Esta Ley tiene como objetivo contribuir a la consolidación de las finanzas públicas a la vez que se protege y defiende el medio ambiente.
Desde ASEGRE queremos destacar que esta ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Estos gases tienen un potencial de calentamiento atmosférico y se gravan cuando ese valor supera 150. Esto es una capacidad de producir calentamiento climático superior en 150 veces al CO2. Algunos de estos gases tienen un potencial de calentamiento climático entre 8.000 y 12.000, dándose el caso de un gas con un potencial de 22.000. Se aplicará el impuesto cuando se produzca la primera venta o entrega de los gases tras su producción, importación o adquisición intracomunitaria, así como su autoconsumo.
Lo cierto es que los gases fluorados son emitidos en reducidas cantidades en comparación con los principales gases de efecto invernadero: dióxido de carbono y metano. Sin embargo, su capacidad de cambio climático es muy superior y es precisamente esa condición de generación de reducidas cantidades en aplicaciones concretas lo que facilita su control, en comparación con otros gases generados en cantidades muy superiores, como es el dióxido de carbono o el metano.
A pesar de que existe una legislación que obliga a su recogida al final de su vida útil y su gestión como residuo, lo cierto es que en la actualidad se estima que menos del 1% de los gases comercializados son recogidos y gestionados como residuos. Esto hace que una cantidad superior al 99% sean emitidos a la atmósfera.
La puesta en marcha de este impuesto incentivará la adecuada gestión de estos residuos que en la actualidad se vierten a la atmósfera, con un elevado impacto ambiental. Además, las deducciones planteadas sin duda minimizarán el impacto económico en los sectores afectados. Sin embargo, será clave que en el desarrollo reglamentario de este impuesto se den suficientes garantías y recursos de control para evitar fraudes y actitudes irresponsables que tienen serias consecuencias sobre nuestra salud y nuestro entorno.