Ante el Consejo Europeo de Medio Ambiente del próximo 8 de marzo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ya ha lanzado las alarmas sobre la multa a la que nuestro país se expone por depuración incorrecta de aguas. Según el Gobierno, España incumple la normativa de depuración de aguas en más de 38 ciudades de más de 15.000 habitantes y se puede enfrentar a una sanción económica por parte de Bruselas de entre 20 y 50 millones de euros al año.
El ministro Miguel Arias Cañete, fue claro en su comparecencia en el Congreso con el tema de la depuración de aguas, comprometiéndose aalcanzar la plena depuración de la carga contaminante de las aguas en España. Como primera fase, señaló los grandes núcleos y las poblaciones que estén en zonas ambientalmente sensibles, independientemente de su tamaño.
Estas medidas son necesarias pero hay que tener en cuenta que la depuración de aguas es competencia autonómica y municipal. Si tenemos en cuenta que la situación financiera de las autonomías es muy delicada, esto puede ocasionar que los gobiernos regionales no prioricen estas cuestiones medioambientales.
Un ejemplo de falta de priorización de estas cuestiones es el hecho de que se permita a algunas instalaciones relacionadas con el tratamiento de aguas urbanas aceptar residuos para los que no están autorizados. Este es el caso de aguas residuales de origen industrial o de otras instalaciones de tratamiento de residuos que deberían ser tratadas en instalaciones autorizadas y especializadas, que evitarían riesgos medioambientales y de salud pública.
Para paliar que los gobiernos autonómicos relajen el cumplimiento de la legislación ambiental, lo que implicaría las sanciones económicas como las mencionadas anteriormente, urge una política común de residuos para todo el territorio nacional que asegure una aplicación estricta y homogénea de la legislación de residuos. Ese es el primer paso para que las empresas, las administraciones y los ciudadanos asuman su responsabilidad sin escudarse en la indefinición y la disparidad legislativa que padecemos actualmente.
Los profesionales que trabajamos con cuestiones medioambientales confiamos en que la Comisión de Coordinación en materia de residuos,que va a comenzar a dar sus primeros pasos, sea el organismo clave para que haya una mayor colaboración y eficacia entre las distintas administraciones competentes. Esta comisión está contemplada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada el año pasado. Para que la comisión sea realmente efectiva necesita, en primer lugar, que todas las partes tengan la voluntad de homogeneizar la legislación de residuos y, además, un desarrollo reglamentario que regule su funcionamiento.
(Esta entrada fue publicada en el blog del Centro de Innovación del Sector Público del Instituto de Empresa)