El gobierno británico ha publicado un informe independiente que analiza el impacto del crimen organizado en el sector de los residuos. En 2015, Las actividades ilegales en este sector costaron a la economía británica 685 millones de euros. De ahí que el informe recomiende nuevas multas para aquellos que clasifiquen malintencionadamente sus residuos, así como un seguimiento electrónico obligatorio de los mismos para ayudar a impedir los traslados ilegales de residuos dentro del país y hacia el extranjero. También propone más sanciones económicas para los productores si se descubre que sus residuos se depositan ilegalmente.
Las recomendaciones de este informe van a ser incorporadas en la próxima estrategia de residuos para el Reino Unido. Entre las diez recomendaciones que se incluyen, se propone la creación de una unidad conjunta que combata los delitos relacionados con residuos, que esté dirigida por la Agencia de Medio Ambiente y en la que trabajen conjuntamente la policía, la agencia tributaria y representantes de la industria. También recomienda que esta agencia pueda tener acceso a las bases de datos más relevantes de la policía.
El documento también hace una comparativa de la recuperación del gasto que supone exigir el cumplimiento legal cuando se actúa contra operadores legales e ilegales. Como se puede comprobar en la gráfica, la tasa de recuperación del gasto contra los ilegales es solo de un 4%.
Por eso el informe dedica un capítulo en exclusiva al “Duty of care”, donde se recuerda a las autoridades locales, empresas y ciudadanos que todos ellos son responsables de sus residuos y deben garantizar su gestión y su destino final.
Esta idea es la que se defiende desde ASEGRE. Nuestra asociación propone un modelo que otorgue a todos los operadores de la cadena una responsabilidad equivalente a su relevancia en la gestión del residuo. Pasar del régimen actual de responsabilidad delegada a uno de responsabilidad compartida haría que el productor buscara los mejores tratamientos existentes para sus residuos y ganaría en precisión y objetividad a la hora de etiquetarlos.
Se puede profundizar más sobre esta cuestión en un estudio que hemos publicado recientemente en colaboración con el despacho jurídico Ekoiure.