El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, compareció el pasado lunes en el Senado. Hace unos meses en el Congreso expuso cuáles iban a ser las líneas de actuación de su Gobierno en materia ambiental y esta semana ha especificado algunas reformas y cambios que van a llevar a cabo desde el ministerio.
El ministro ha dejado claro que el medio ambiente no es sólo un valor en sí mismo, sino que además puede generar riqueza, empleo y bienestar para los ciudadanos. El cumplimiento de las normativas europeas y el diálogo entre la administración y los agentes involucrados son las bases para conseguir generar empleos verdes y el desarrollo económico esperado del sector. Aspecto que la Comisión Europea ya indicó en febrero: la aplicación rigurosa de la legislación de residuos tendría un impacto muy positivo sobre el empleo.
La situación económica de España sabemos que está en un momento muy delicado, pero no por esto se pueden relajar los controles y permitir el incumplimiento de las leyes ambientales, ya que puede ocasionar serias consecuencias para el futuro además de tener un impacto muy negativo sobre el empleo verde. En esta línea, el ministro se ha comprometido a mejorar la cooperación entre las administraciones públicas y otros agentes interesados, y a simplificar y racionalizar del marco jurídico y la agilización de los controles medioambientales.
Además de la Ley de Costas, la depuración de las aguas y el cambio climático, el Gobierno también ha centrado sus políticas en la gestión de residuos. El objetivo fundamental es simplificar y reducir las cargas administrativas que recaen en los distintos operadores. Una simplificación en la que el propio sector aboga por una política común de residuos en todas las Comunidades Autónomas.
Para lograrlo las empresas y agentes del sector de gestión de residuos apuestan por el diálogo con las instituciones y la creación de la Comisión de Coordinación en materia de residuos que la Ley 22/2011 incluía. Según explicó el Ministro, esta Comisión se va a constituir el próximo mes, y en ella participarán todas las organizaciones competentes, lo que supondrá un instrumento de gran utilidad para abordar la mejora de la gestión de residuos en España.
A juicio del sector de tratamiento de residuos peligrosos, esta Comisión debería trabajar en la unificación de instrumentos económicos, como los cánones a la eliminación de residuos, la homogeneización de criterios de gestión y de aspectos concretos, como el concepto de subproducto.
Medidas ambientales con las que el ministro quiere recuperar la buena imagen de España y situarla como un ejemplo de responsabilidad ambiental ante Europa. Aunque los recortes y las presiones por partes de la Unión compliquen el escenario.
(Entrada publicada en el blog del CISP del Instituto de Empresa)