Las PFAS —sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas— son una familia de compuestos sintéticos utilizados durante décadas por su resistencia al calor, al agua y a las grasas. Estas propiedades los han hecho habituales en sectores industriales, pero su problema es que no se degradan en el medio ambiente y se detectan en aguas, suelos y organismos vivos. Por ello se conocen como “sustancias químicas eternas”.
Por eso, la contaminación por PFAS no solo plantea un desafío ambiental y sanitario, sino también económico. Esto se refleja en un estudio elaborado por la Comisión Europea, que cifra en cientos de miles de millones de euros el impacto acumulado que estos compuestos pueden generar hasta 2050.
El informe analiza tres grandes categorías de costes: los asociados a la salud humana, los derivados de la remediación de suelos y tratamiento de aguas, y las pérdidas potenciales en los ecosistemas.
En un escenario de continuidad, se estima un valor actual de 360.000 millones de euros en costes sanitarios entre 2024 y 2050, a los que se suman 78.300 millones en remediación de suelos y tratamiento de aguas.
Cuando se incorpora el cumplimiento de la Directiva de Agua de Consumo, los costes de tratamiento ascienden a 85.800 millones de euros. Si además se incluyera la eliminación del TFA -un PFAS muy difícil de eliminar- el impacto podría elevarse hasta 375.700 millones.
Finalmente, el escenario más exigente, con un cumplimiento generalizado de estándares de calidad ambiental (EQS) en aguas, es también el más costoso, ya que el valor actual estimado alcanza 1,48 billones de euros por la necesidad de aplicar tratamientos avanzados en aguas residuales.
En contraste, la parada total de producción y uso de PFAS presenta el menor coste agregado: en torno a 330.000 millones de euros, unos 110.000 millones menos que el escenario de continuidad. En este supuesto, los costes de remediación dejan de crecer, aunque se mantienen debido a la persistencia de estos compuestos, obligando a planificar actuaciones sostenidas de descontaminación.
Además, el estudio también reconoce que faltan datos completos sobre exposición, número real de suelos afectados y necesidades concretas de tratamiento en cada emplazamiento.
Desde la perspectiva de la descontaminación de suelos contaminados y gestión de residuos peligrosos, el informe muestra que este reto exigirá capacidades técnicas especializadas, criterios homogéneos y regulaciones claras que permitan abordar de forma eficaz la identificación, caracterización y remediación de los emplazamientos afectados.