Las fiscalías de Medio Ambiente localizan al año entre 300 y 400 vertederos irregulares en España, que surgen sobre todo en las zonas turísticas por el incremento de población que registran en el verano. Estos datos evidencian que las inspecciones y el control medioambiental por parte de las comunidades autónomas siguen siendo una asignatura pendiente en nuestro país.
El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, que se refirió el pasado 4 de junio a la falta de conciencia medioambiental que aún impera en España, pese a los importantes pasos que se han dado en este sentido. En esa línea, mencionó un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2010 que señala que la conciencia ambiental de los españoles es de «boquilla», pues «es una moda» y además produce «buena imagen» decir que se está comprometido con el medio ambiente.
Para Vercher, es importante que se conozca que los efectos que genera la gestión deficiente de los residuos sobre el medio ambiente a largo plazo pueden ser «extraordinariamente perturbables» y que cada vez hay más población y más problemas a la hora de abordar la gestión de residuos. Además, cabe señalar que estas malas prácticas suelen derivan en casos de suelos contaminados, con un coste de recuperación superior al que hubiera supuesto la gestión adecuada del residuos, y ponen en riesgo la salud de las personas.
Frente a esta situación de España, Europa sigue tomando medidas y exigiendo el cumplimiento de la normativa medioambiental. Botón de muestra es el caso en el municipio de Jumilla (Murcia), donde la Comisión Europea ha evaluado un vertedero dentro de una investigación sobre el cumplimiento de la Directiva europea relativa al vertido de residuos en España; o el del vertedero de Las Palmas, que fue cerrado tras las advertencias de la CE.
Según señaló el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnick, la Comisión ha notificado un dictamen a España para que cumpla voluntariamente las normas, y los servicios de la Comisión están procediendo a la evaluación interna de la respuesta.
Desde ASEGRE consideramos que es necesario que España alinee sus políticas de medio ambiente con las de la Unión Europea para que acciones conjuntas como la de los 31 detenidos en una redada europea contra el tráfico de metales y chatarra sean cada vez más frecuentes. Creemos que España no debe esperar a que la Unión Europea ejerza presión para que el país reaccione y se desplieguen las medidas oportunas para preservar la salud pública y el medio ambiente.