El pasado 2 de octubre entró en vigor el Real Decreto 764/2026, que regula el Registro de Producción y Gestión de Residuos (RPGR), una herramienta llamada a mejorar la información disponible sobre productores, gestores, transportistas, agentes y negociantes de residuos en todo el territorio nacional.
La norma desarrolla el artículo 63 de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y concreta aspectos que hasta ahora no estaban regulados con suficiente detalle, como la estructura del Registro, su contenido, la distribución de responsabilidades entre administraciones y los procedimientos para incorporar y actualizar la información.
El Registro no parte de cero porque está integrado en el Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR), que ya cuenta con más de 450.000 inscripciones y se utiliza, entre otras funciones, para realizar validaciones en los procedimientos electrónicos de traslado de residuos.
Una estructura común para todo el territorio
Una de las principales novedades es la creación de una estructura homogénea en tres niveles: entidad, centro e inscripción.
La entidad queda identificada mediante su NIF; cada centro dispone de un Número de Identificación Medioambiental (NIMA), y las distintas autorizaciones o comunicaciones previas se vinculan mediante sus correspondientes inscripciones. El objetivo es disponer de una identificación inequívoca de los operadores y evitar duplicidades. Además, en el caso de gestores, agentes, negociantes y transportistas, la norma recuerda que determinadas comunicaciones y autorizaciones tienen validez en todo el territorio nacional.
Las comunidades autónomas seguirán siendo responsables de tramitar las autorizaciones y comunicaciones previas y de incorporar la información al Registro estatal. El real decreto establece ahora que esa incorporación deberá producirse en un plazo máximo de 15 días desde la inscripción en el registro autonómico. Asimismo, la Comisión de coordinación en materia de residuos podrá adoptar criterios específicos para armonizar las inscripciones en toda España.
Mayor transparencia sobre gestores e instalaciones
La regulación se completa con la Orden TED/1024/2026, que determina qué información del Registro será de acceso público. Entre los datos consultables figuran la identificación de las entidades y centros, el NIMA, la ubicación de las instalaciones y las autorizaciones o comunicaciones existentes. Para las instalaciones de recogida y tratamiento podrán consultarse también las operaciones autorizadas y los residuos admitidos mediante sus códigos LER.
Además, la información pública incluirá, cuando proceda, datos sobre declaraciones de fin de condición de residuo y sobre operaciones de valorización o eliminación realizadas sin instalación, como determinados tratamientos de suelos.
Esta mayor transparencia puede facilitar que productores, gestores y demás operadores comprueben con mayor facilidad qué empresas e instalaciones están habilitadas para gestionar determinados residuos.
Una herramienta relevante para la trazabilidad
El RPGR tiene además una relación directa con los traslados de residuos. La información registrada sirve para validar los procedimientos electrónicos y comprobar que los operadores y las instalaciones cuentan con las inscripciones y autorizaciones necesarias.
Para un sector en el que los residuos circulan habitualmente entre distintas comunidades autónomas, disponer de una información homogénea y accesible en todo el territorio resulta especialmente relevante.
Desde ASEGRE valoramos positivamente este desarrollo reglamentario. Un Registro único, con criterios comunes y datos actualizados, contribuye a mejorar la trazabilidad, reforzar la seguridad jurídica y facilitar el funcionamiento de un sistema nacional de gestión de residuos.
La armonización resulta especialmente importante para evitar diferencias administrativas entre territorios y favorecer que los residuos puedan acceder a las instalaciones autorizadas más adecuadas para su tratamiento.
Al mismo tiempo, para que el nuevo modelo alcance plenamente sus objetivos será fundamental garantizar la calidad y actualización permanente de los datos, la interoperabilidad entre los sistemas autonómicos y eSIR, así como una aplicación homogénea por parte de todas las administraciones.
Un RPGR completo, actualizado y fiable contribuirá a mejorar la trazabilidad de los residuos y a reforzar una gestión más coordinada y segura en todo el territorio nacional.
