El pasado 25 de enero el Consejo de Ministros daba luz verde al Proyecto de Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y lo remitía con carácter de urgencia a las Cortes Generales para su tramitación y cumplimiento de los plazos de la Unión Europea, que han reducido a nueve meses el plazo para que las empresas se adapten a las exigencias ambientales europeas y puedan conseguir autorización para seguir desarrollando su actividad. La nueva regulación, por la que se verán afectadas 6.100 instalaciones industriales, tiene como objetivos avanzar hacia una mayor simplificación administrativa y la reducción de las emisiones de las actividades industriales en la atmósfera, el agua y el suelo.
El Proyecto de Ley tiene una repercusión directa sobre los sectores generadores de empleos verdes que, en nuestro país, se concentran principalmente en el ámbito de los residuos y suman más de 140.000 puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, un 26,4% del total. Estos datos colocan a España en el cuarto país de Europa en empleo verde, según el barómetro de la Comisión Europea.
Junto con el nombrado Proyecto de Ley, se aprobó también la Ley de Unidad de Mercado dirigido a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español. Con esta medida, cualquier producto, independientemente de la normativa autonómica a la que esté sujeto, podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.
El cumplimiento de la norma es especialmente relevante para el sector de los residuos peligrosos, cuyo volumen de gestión según los últimos datos registrados por ASEGRE se cifra en 2,5 millones de toneladas. Cantidad muy alejada de su posibilidad óptima estimada en 5 millones de toneladas. Además, el negocio del sector ha caído hasta el 50% desde los valores de 2008, variación superior a la del Índice de Producción Industrial (IPI) registrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el mismo periodo.
Esto tiene sólo una lectura: hay una serie de causas, como la falta de rigor en la aplicación de la legislación de residuos y la pérdida de interés sobre estas cuestiones, que están llevando al desmontaje de la capacidad productiva del sector y que desde 2008 han llevado a perder el 50% de los puestos de trabajo directos. Incluso en algunos casos, como en el de la recuperación de suelos contaminados, está llegando a la práctica desaparición de esta actividad.
Conseguir que la legislación de residuos se aplique de forma homogénea es uno de los objetivos que ASEGRE viene demandando, tanto para evitar que la disparidad legislativa y administrativa entre Comunidades Autónomas deje de ser un desincentivo para la inversión extranjera en el sector industrial, como para que las empresas puedan beneficiarse de las economías de escala y aumente la competitividad de nuestro país.
Además, las actividades de tratamiento de residuos peligrosos cubren un servicio básico para la protección del medio ambiente, crean empleo y riqueza, y recuperan materias de los residuos, ayudando de esta forma a equilibrar la balanza comercial.