Primeras impresiones sobre los planes medioambientales del Gobierno

La semana pasada el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, compareció en el Congreso de los Diputados con una larga lista de cambios y revisiones que se van a desarrollar en materia de residuos, suelos contaminados y responsabilidad ambiental.

Entre estos puntos destaca el deseo de simplificar e integrar las normativas ya existentes, gracias a la limitación de trámites innecesarios y a la definición clara de los conceptos. Esta meta requiere de la colaboración de las Comunidades Autónomas a través de la Comisión de Coordinación prevista en la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados. Los profesionales del sector esperamos que esta comisión sirva para tener una política común de residuos en todo el país, en la que se unifiquen criterios de gestión y autorización de las instalaciones. Todo esto consigue, además, una optimización de los recursos de las empresas del sector y de las Administraciones Públicas encargadas de la gestión de las políticas de residuos. En un contexto de crisis como el actual este asunto es vital para que se pueda generar empleo y desarrollo económico en esta industria.

En relación con el punto anterior, la Comisión Europea estima que, si se aplica la legislación medioambiental con rigor, para 2020 se habrían creado 400.000 puestos de trabajo en el sector y un aumento del volumen de negocio en 42.000 millones de euros en todo el continente.

Otro de los objetivos del Gobierno es conseguir un aprovechamiento máximo de los recursos contenidos en los residuos y su correcta gestión. No podemos olvidar que en muchos sectores hay escasez de materias primas que pueden recuperarse de los residuos. Esto supondría un importante beneficio ambiental que puede medirse en las emisiones de gases de efecto invernadero, evitadas por las actividades de reciclaje y valorización.

Todos estos cambios de regulación irán acompañados de cambios en los procedimientos administrativos. La creación de un registro de producción y gestión de residuos permitirá ahorrar recursos y esfuerzos y facilitar el control de la actividad del sector, y disponer de datos fiables de cantidades y objetivos de gestión. Además se presentarán nuevas medidas de armonización de la información para ofrecer tramitación electrónica en todas las instancias y facilitar el diálogo entre la Administración y los ciudadanos.

En lo referente a suelos contaminados se creará un inventario nacional con la colaboración de las Comunidades Autónomas y se procederá a la revisión del Real Decreto relativo a suelos contaminados a fin de incluir en su ámbito de aplicación a las actividades con riesgo real de contaminación del suelo. No obstante desde el sector se considera necesario el establecimiento de una cualificación profesional que garantice la calidad de los trabajos realizados en este campo.

De la misma forma, se revisará la Ley de Responsabilidad Medioambiental para simplificar el establecimiento de la cuantía de la garantía financiera con la que hacer frente a los gastos en caso de accidente.

Todas estas medidas, en caso de desarrollarse correctamente, pueden permitir la recuperación del sector y terminar con la descoordinación actual a la hora de aplicar la legislación medioambiental en España. Es el único camino para que esta industria crezca y se generen, de una manera real, los siempre mencionados “empleos verdes”.

(Entrada publicada en el blog del Centro de Innovación Pública del Instituto de Empresa)