ASEGRE ha puesto en marcha www.malaspracticasmedioambientales.asegre.com para denunciar las malas prácticas que se desarrollan en España en materia de residuos peligrosos. El espacio recoge a través de los medios de comunicación y de información propia casos en los que se evidencie la irresponsabilidad ambiental.
Una de las consecuencias de la crisis económica es que las cuestiones medioambientales están pasando a un segundo plano, tanto entre los poderes públicos como entre las empresas. Este escenario es particularmente preocupante en un sector como el de los residuos peligrosos, por las consecuencias que tiene para el entorno y la salud pública.
La falta de recursos por parte de la Administración está provocando una relajación en el cumplimiento de la normativa medioambiental. Residuos que eran considerados peligrosos, dejan de tener esta consideración de forma fraudulenta, o residuos industriales se gestionan en instalaciones que carecen de autorización. Incluso en algunos casos, se desarrollan prácticas ilegales como la mezcla con residuos menos peligrosos para diluir los efectos negativos, como es el caso de la mezcla de residuos industriales con escombros para depositarlos en vertederos de residuos de construcción o la recogida ilegal de algunos tipos de residuos para su tratamiento sin control.
Concretamente, el SEPRONA, el cuerpo de la Guardia Civil especializado en delitos medioambientales, alertó en sus datos de actuación de 2012 de que los delitos contra el medio ambiente aumentaron un 15%, destacando las actuaciones relacionadas con los residuos, que fueron los que presentaron un mayor número de infracciones en 2012, pasando de las cerca de 16.000 en 2011 a 17.373, cifra que supone el 20% del total.
ASEGRE ha creado este espacio con el objetivo de informar sobre las Administraciones y empresas que consienten el incumplimiento de la normativa medioambiental. La intención es concienciar a las autoridades, a los medios de comunicación y a los ciudadanos sobre los riesgos de las prácticas irresponsables y promover que las instituciones estatales y autonómicas destinen recursos a la supervisión del cumplimiento de la legislación medioambiental.