El pasado 6 de octubre se cerró el período de alegaciones para el real decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y que derogará el actual Real Decreto 1481/2001. Este nuevo RD responde a la obligación de transponer la Directiva (UE) 2018/850, relativa al vertido de residuos al ordenamiento jurídico interno y de incorporar la jurisprudencia comunitaria en materia de vertido de residuos.
Las principales modificaciones introducidas en el presente proyecto de real decreto son las siguientes:
a) Reforzar la obligación de tratamiento previo de los residuos, especificando el alcance de lo que debe entenderse por tratamiento previo para el caso de los residuos municipales y establecer criterios que permitan valorar la eficiencia del tratamiento previo de los mismos.
b) Incorporar, en el contexto del impulso al tránsito a la economía circular, los objetivos de reducción del vertido de residuos municipales que se establecen en la Directiva (UE) 2018/850.
c) Prever la elaboración de una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero por tratarse de residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización, en particular los municipales.
d) Incorporar la prohibición de diluir o mezclar residuos con la finalidad de cumplir con los criterios de admisión de residuos en vertedero.
e) Exigir al productor de residuos la obligación de suministrar a la entidad explotadora del vertedero información adecuada sobre los residuos, así como sobre el tratamiento previo a que han sido sometidos.
h) Establecer la utilización por parte de las administraciones competentes de los instrumentos económicos para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de residuos y la promoción de la economía circular.
Operaciones de relleno: pérdida de control de los residuos y fraude
Nuestra asociación ha participado de forma activa durante el período de información pública y ha querido hacer hincapié en algunos puntos de extrema importancia para el sector de los residuos peligrosos e industriales no peligrosos. Uno de ellos es el relativo a las operaciones de relleno, que se realizan de forma deficiente por la indefinición legislativa actual. Esto está ocasionando malas prácticas en esas operaciones de relleno y el abandono de importantes cantidades de residuos que superan los tiempos de almacenamiento para valorización y que quedan abandonados de forma indefinida.
Desde ASEGRE consideramos que las operaciones de relleno suponen una pérdida de control de los residuos y también un fraude, ya que trata de enmascarar operaciones de eliminación como si fueran de valorización. Así se evitan los correspondientes impuestos de vertido, de los procedimientos de autorización de vertederos, operación, admisión, clausura y cuidados postclausura, a la vez que en las estadísticas quedan camufladas como cantidades valorizadas. Este fraude implica una competencia desleal para las instalaciones de vertido que operan bajo la legalidad, además de suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.
Hay que destacar que nuestra asociación se opone a que en las operaciones de relleno se puedan emplear pruebas que estaban pensadas para vertederos, como es el caso del test de lixiviación. Un relleno no es un vertedero, solo es un hueco en el terreno que, a diferencia de los vertederos, no garantiza la contención de la contaminación. De ahí que no pueda admitirse en los rellenos residuos de ningún tipo, ni rechazos de procesos, ni mucho menos residuos diluidos en tierras limpias.
Además, consideramos que estas operaciones las deben realizar los gestores de residuos que presenten fianzas de gestor y garantías financieras que cubran su responsabilidad ambiental ante los posibles daños causados por las operaciones de relleno.
Instrumentos económicos indefinidos que fomentan la desigualdad
Por otro lado, queremos destacar la importancia que tienen los instrumentos económicos que se incluyen en este proyecto y sus consecuencias sobre la aplicación del principio de jerarquía de residuos. En ASEGRE queremos que esos instrumentos e incentivos económicos tengan en cuenta los residuos que, por sus características o por existir la obligación legal de eliminación, el único tratamiento posible es el depósito en vertedero. Este el caso de residuos como el amianto, de gran actualidad en nuestros días.
Además, contemplamos con preocupación que este texto ha desaprovechado la oportunidad de homogeneizar los distintos impuestos y cánones existentes en el territorio español, un escenario que está favoreciendo el traslado de residuos y la disparidad en los tratamientos y costes. Como únicamente se limita a obligar a cada administración a usar instrumentos económicos, las desigualdades actuales permanecerán intactas. Desde nuestra asociación creemos que debe plantearse un acuerdo entre todas las Administraciones Autonómicas para establecer instrumentos económicos de iguales características que eviten las diferencias y, por extensión, los traslados de residuos.